Las remesas: una lectura social

México debe buscar disminuir la dependencia del envío de dinero de EU, dice José Luis de la Cruz; el flujo de estos recursos al país y a las familia cayó en 4,900 mdd, durante los últimos 2 años.

México alcanzó en diciembre la peor caída anual de remesas registrada. (Foto: Jupiter Images)

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Por: José Luis de la Cruz*

CIUDAD DE MÉXICO — Durante los últimos 15 años el número de familias mexicanas que incrementó su dependencia respecto a las remesas que llegan de Estados Unidos mantuvo una tendencia positiva, la cual  únicamente se ha interrumpido por los todavía fuertes problemas económicos que enfrenta la economía norteamericana.

Para dimensionar el problema basta observar que entre 1995 y 2009 las remesas pasaron de 3,672 millones de dólares a 21,181 millones. Indudablemente que lo anterior tiene diversas causas. Las recurrentes crisis económicas que ha vivido México durante dicho periodo son un elemento esencial para entender dicha dinámica: en tan solo 15 años se tienen a las dos mayores contracciones de las últimas 7 décadas, las cuales han propiciado un fuerte éxodo de mexicanos hacia el vecino país del norte. Lo anterior se vio potenciado por el estancamiento económico vivido a principios del nuevo milenio, cuando entre 2001 y 2003 el país se vio envuelto en un marasmo económico del cual las autoridades no estuvieron en capacidad de enfrentar exitosamente.

La falta de creación de empleos que no solamente ha acompañado a los hechos mencionados, sino que además es un problema estructural de las últimas tres décadas. La falla del modelo económico en materia de generación de empleo hace entendible la razón de por qué muchos mexicanos dispuestos a trabajar acabaron viendo a Estados Unidos como la única opción alcanzable de encontrar una fuente laboral que les permitiera mantener a sus familias.

El crecimiento económico norteamericano de la última parte de la década de los noventa  reclamaba mano de obra dispuesta trabajar en sectores como el de la construcción, las manufacturas, los servicios  y el agrícola. El pago al trabajo de los mexicanos es de tal magnitud que sin lugar a dudas ofrece remuneraciones que superan a los ingresos que los mismos pueden recibir por desempeñar funciones similares en su propio país. Un efecto colateral de lo anterior fue que una parte importante de las personas que migraron ya no regresaron, y a pesar de que puedan mantener el vínculo económico con sus familias en México es evidente  que la relación quedo debilitada, por lo que la integración de la unidad básica de estabilidad social se ha roto. Lo anterior ha implicado que en muchas ocasiones las mujeres deban hacerse cargo de toda la responsabilidad del desarrollo de sus hogares.

Con la crisis de 2009 se tiene un doble problema. En primera instancia existe la cuestión de debilidad económica, ya que los flujos de remesas han disminuido de manera significativa, comprometiendo con ello el bienestar de familias en las zonas más pobres del país. Entidades federativas como Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca constituyen algunos de los ejemplos en donde el grado de dependencia es más fuerte, por lo que el debilitamiento de los ingresos por remesas puede ocasionarles severos problemas de estabilidad económica y social.

El problema no es algo menor, ya que durante los últimos dos años se han tenido caídas sucesivas que llevaron a los ingresos por remesas a ser 4.9 mil millones de dólares inferiores a lo alcanzado en su punto máximo en 2007, cuando entraron 26 mil millones de dólares por este concepto. La consecuencia natural de lo anterior es la merma en el consumo y la inversión que pueden realizar las familias dependientes de estos flujos, lo que al conjuntarse con la problemática interna de la falta de generación de empleo, del deterioro de la calidad del mismo (principalmente en lo que se refiere a salarios y prestaciones) así como del difícil acceso a una educación de nivel superior,  provocan la existencia de una encrucijada en donde las familias no tienen una solución.

Lo anterior lleva a la segunda parte del doble problema planteado, y es  el del lado social: ¿Cuál será el costo que se pagará por el hecho de que familias desintegradas ahora vean comprometido su futuro económico? Sin lugar a dudas no puede permitirse que esto llegue a las comunidades rurales y a las ciudades para que acabe alimentando a espirales de crisis social como las que se viven en lugares como Ciudad Juárez.

El problema en  este caso es que la salida a  esta disyuntiva no tiene visos a resolverse por cuenta propia, es decir mediante una política económica y de desarrollo social interna. Los motivos son dos: el aumento de las remesas fue el resultado de un problema económico ante el cual las personas debieron abandonar el país, por lo que el aumento de  las mismas no fue fruto de acciones positivas y de buenos resultados, en realidad es la respuesta ante los callejones sin salida internos. Durante los últimos lustros el gobierno no ha tenido buenos resultados en la consecución de objetivos como el crecimiento económico y la generación de empleo.

En una segunda instancia se tiene a que el aumento en las remesas que provienen de la gente que ya está trabajando en Estados Unidos dependerá del aumento en el empleo, lo que en corto plazo no ocurrirá y ante lo cual nada se puede hacer.

Para solucionar esto debe eliminarse el elevado grado de dependencia en el que hemos caído como país, no es correcto que se tengan motores de crecimiento externos que vayan más allá de las capacidades productivas internas. En este momento debe emprenderse la recomposición del aparato industrial y de servicios mexicano, para fomentar la generación de empleo en el país, es el momento de impulsar al sector privado productivo y competitivo, realmente en esta parte recae la solución final de los problemas de la economía mexicana.

*El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.