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MÉXICO, 30 de septiembre, 2010.- Los municipios, al paso de los años, han acumulado más poder económico. Según información del IMCO, y al cierre de 2007, los municipios habrían obtenido 11% del gasto presupuestal total, mientras que los estados 46% y el gobierno federal 43%, cita El Semanario en su edición digital de hoy.
Sin embargo, en términos reales y de 1990 a la fecha, los ingresos de los municipios han crecido 150%.
Al respecto, Emilio Granados considera que, en efecto, los municipios han aumentado considerablemente su bolsa de recursos y, al mismo tiempo, informa que la mayor parte de ellos concentra el presupuesto en servicios personales, el segundo rubro es el gasto en obras públicas (acciones sociales, como lo bautiza el INEGI) y el tercero es servicios generales.
Sin embargo, en realidad, el uso de los recursos en los municipios es un misterio. Nadie sabe, a ciencia cierta, a dónde paran.
Por ejemplo, de una muestra de 373 municipios (que representan 80% del PIB nacional y 65% de la población del país y del gasto público municipal total), en 100 (27%) no existe una página de internet oficial, 97 (26) publica su presupuesto en internet, 89 (24) no lo publica y en 52 (14) no funciona la página de internet oficial.
Hay más: según el IMCO, en algunos estados no están publicados los presupuestos de las capitales estatales; es el caso de Colima, Chilpancingo, Pachuca, Oaxaca y Chetumal.
Al mismo tiempo, sólo 8 municipios, ¡de un total de 2,440!, establecen el número de plazas de la policía y, de estos, únicamente 3 transparentan el tabulador de salarios y el desglose entre personal de base y de confianza.
Bajo este panorama, tratar de desmenuzar el gasto público en los municipios es como si se ingresara a las catacumbas. Dicho esto, gobernar un municipio no tiene precio y, definitivamente, es el negocio redondo por otro factor:
La Ley de Coordinación Fiscal que se aprobó a mediados de los años noventa eliminó muchas facultades impositivas a los estados y los municipios, y las centralizó en la Federación.
En consecuencia, el gobierno federal es el responsable de recaudar la mayor parte de los ingresos, mientras que los municipios sólo tienen la obligación de cobrar el impuesto predial. Sin embargo, no lo cobran, simplemente, porque consideran que ello les provocaría un costo político que evidentemente no quieren correr.
Así, en los hechos, sólo 3 pesos de cada 10 que recibieron los municipios es generado por ellos mismos (y a nivel estatal es 1 contra 9).
En conclusión, los ayuntamientos gozan de una ventajosa circunstancia pues se están gastando dinero que poco o nada les ha costado recaudar, ya que no tienen que enfrentarse a la situación de cobrar e incrementar impuestos porque eso lo hace la Federación. Qué maravilla.
Municipios. El cártel del derroche Gobernar un ayuntamiento no tiene precio. La máxima que allí se predica es gastar a manos llenas, pues la impunidad está garantiza |
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MÉXICO, 30 de septiembre, 2010.- Ser albañil en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, puede ser una bendición. Allí, es posible que un maestro del pico y la pala se haga millonario, siempre y cuando, forme parte de la burocracia, cita El Semanario en su edición digital de hoy.
Oficialmente, para 2009, hay siete plazas dentro de su presupuesto que contemplan un sueldo anual superior a los 450,000 pesos. Es decir, cada uno de los afortunados albañiles que trabajan para este honorable municipio gana, en promedio, 37,500 pesos.
Esta perla, bajo diferentes conceptos y montos, es práctica común en buena parte de los 2,440 municipios que hay en México, y desnuda que el gasto excesivo e innecesario es una máxima que se predica sin rubor en este nivel de gobierno. Los ayuntamientos son el reino de la opacidad desenfrenada.
Ésta no es una acusación ligera y se soporta con un fenómeno que involucra al círculo rojo: en México no hay muchos especialistas que escudriñen el uso de los recursos públicos en los municipios por la simple y sencilla razón de que no hay información disponible.
Los únicos datos que existen son los que proporciona el INEGI, nada más. Y ello ocurre varios años después de que el gasto se ejerció. La mayor parte de los ayuntamientos, por motu proprio, esconden la información, y algunos prácticamente la entierran. En consecuencia, pocos son los think tank que estudian el gasto en los municipios.
Emilio Granados, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), acusa: “Nos escandalizamos a nivel federal porque no tenemos mucha información, pero a nivel municipal todo está en penumbras. Y no nos hemos escandalizado como debiéramos porque no tenemos muchos datos. Nos indignamos cuando sabemos la verdad sobre los recursos a nivel federal y estatal, pero seguramente el escándalo es mucho mayor en los municipios”.
Entonces, el oscurantismo impera en los municipios y no hay nada ni nadie que pueda evitarlo. Recientemente, no se ha dado algún caso que lleve tras las rejas a un Presidente Municipal por mal uso de los recursos públicos. Estos viven en la absoluta impunidad.
“También estamos frente a un problema de capacitación”, suelta Flavia Rodríguez, responsable del departamento de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la consultora Aregional, quien ofrece más detalles al respecto:
“Esto da lugar a que muchos benditos funcionarios municipales no tienen ni siquiera la primaria terminada, no conocen una computadora, no saben absolutamente nada de presupuesto. En verdad, si estudiara a profundidad a los municipios se sorprendería de la ignorancia que hay para manejar el presupuesto”.
Así, los pocos datos disponibles dejan constancia de que los municipios literalmente son un buen negocio y, en los hechos, operan bajo la fórmula más imperfecta en perjuicio de los ciudadanos, pero la más perfecta para quienes despachan en ellos porque gastan a discreción y sin castigo.
De acuerdo con el Índice Municipal de Información Presupuestal 2009, del IMCO, la calificación promedio en transparencia que registraron los 2,440 ayuntamientos fue de 28 puntos, de 100, cuando los estados recibieron una calificación de 58 y la Federación de 74.
En el detalle, los municipios de Mexicali (Baja California) y Zapopan (Jalisco) fueron los mejor calificados con 58 puntos (al final del día con una nota reprobatoria).
En contraste, el caso más grave, y como equivalente a un municipio, fue la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, que recibió una calificación de 3 puntos. Este caso no es de poca monta, ya que en 2009 Iztapalapa dispuso del quinto presupuesto más cuantioso a nivel municipal (más de 3,000 mdp) y no ofreció ningún tipo de información sobre su destino.
Esta delegación, además, tiene una población equiparable e incluso superior a estados como Aguascalientes, Nayarit y Tlaxcala.
¿Estas perversas inercias se romperán en el futuro? ¿Se tiene contemplado un candado para evitar el despilfarro y la opacidad en los municipios? De momento, no.
MUNICIPIOS, EL CÁRTEL DEL DISPENDIO |
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Gastos innecesarios y excesivos. Opacidad. Mal gobierno. Impunidad…Éstas y otras características son parte de la gestión que se ejecuta en buena parte de los 2,440 municipios que conforman el territorio nacional, y que dan vida a un estilo de gobierno que tiene como prioridad el interés privado sobre el público.
En estos momentos, cuando autoridades y legisladores discuten la conformación de la Ley de Ingresos 2010, El Semanario aborda el curso que toma el gasto público, bajo el principio de que es el gasto con calidad, no la recaudación, el tema clave para mejorar el estado que guarda la nación.
Así, el texto central de esta edición (de la página 16 a la 19) sigue el destino de los recursos públicos en los municipios, uno de los tres niveles de gobierno y donde se acusa que la opacidad es la regla de oro.
Los hallazgos son más que elocuentes:
Primero, que la única información disponible es la que proporciona el INEGI, lo que impide su estudio fiel. De hecho, pocos son los analistas que hay para desentrañar la verdadera historia del gasto municipal.
Segundo, que la falta de voluntad política para rendir cuentas es acompañada por otro fenómeno peligroso: la carencia de conocimientos para manejar presupuestos por parte de los Presidentes Municipales y de su equipo de colaboradores. Flavia Rodríguez, analista de la consultora Aregional, aterriza el conflicto con toda crudeza: “Muchos benditos funcionarios municipales no tienen ni siquiera la primaria terminada, no conocen una computadora, no saben absolutamente nada de presupuesto”.
Tercero, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), brazo fiscalizador del Congreso de la Unión, no tiene la capacidad operativa para monitorear el uso de los recursos públicos en todos los ayuntamientos, lo que da lugar a la absoluta opacidad, que se intensifica con la lentitud que se registra para reportar en tiempo y forma las cuentas públicas.
Gracias a este coctel, el uso de los recursos públicos en los municipios se convierte en una mina de oro, que capitaliza el funcionario en turno. Por eso se descubren varias perlas como que: un albañil, adscrito al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ganara 37,500 pesos mensuales; que en transparencia, los 2,440 ayuntamientos que hay en el país obtuvieran una calificación de 28 puntos, de un total de 100 (y que la delegación Iztapalapa fuera la peor calificada con 3 puntos); que sólo 8 municipios establecen el número de plazas de la policía; que únicamente 3 pesos de cada 10 que reciben los municipios es generado por ellos; que en Yecapixtla, Morelos, un funcionario recibiera 88,902 pesos como subsidio para gasolina…
Con este círculo vicioso que parece ser política en casi todos los municipios, las únicas salidas que se observan alimentan el pesimismo, pues su aplicación está en los márgenes de maniobra de quienes hoy gastan a manos llenas. A pesar de ello, junto con la voluntad política que se necesita, otras posibles medidas podrían ser la reelección de los ediles y la ampliación presupuestal para la ASF. Así sería posible obligar a los funcionarios a proyectar planes de gobierno de largo plazo, en beneficio de la sociedad.
De igual forma, se necesitaría ejecutar sin vacilaciones la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece como objetivos principales la necesidad de informar y fiscalizar; obligar a los tres niveles de gobierno a que administren con responsabilidad los recursos públicos; crear un Consejo Nacional de Armonización Contable; medir el desempeño y sancionar a los funcionarios que incurran en malos manejos.
De no hacerlo, el dispendio se perpetuará, pero, sobre todo, los daños a las arcas públicas se intensificarán, en perjuicio del bienestar de la sociedad. |
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