Lorenzo Meyer
Peculiaridad mexicana. Hoy se reúnen en Washington, DC Felipe Calderón y Barack Obama. Este encuentro obliga a examinar la capacidad de negociación del gobierno de nuestro país con unos Estados Unidos cuya presencia es tan abrumadora que casi cubre la totalidad del horizonte internacional mexicano.
No es necesario recurrir a los documentos internos del gobierno norteamericano que han sido publicados por Wikileaks, para suponer que Washington debe tener serias reservas en relación a las capacidades del actual gobierno mexicano para cumplir con uno de los papeles que desde hace tiempo le ha asignado a nuestro país: el de mantener la estabilidad en su frontera sur. Sin embargo, los inesperados papeles de Wikileaks confirman la sospecha de que a Washington le preocupa México.
La enorme asimetría de poder entre México y el vecino del norte –que a partir de la desaparición de la URSS es la única gran potencia–, ha hecho que algunos de los instrumentos clásicos de la política del poder entre las naciones –la fuerza militar, las alianzas, la capacidad de la economía, la dimensión territorial o demográfica del país, entre otros–, no signifiquen gran cosa en la relación México-Estados Unidos. En esas peculiares condiciones, resulta que para nuestro país y desde el siglo XIX, la mejor política externa ha sido contar con una sólida política interna: una basada en el más amplio conceso posible en torno a la agenda nacional. Sólo en esa condición se puede minimizar la posibilidad de que los responsables del gobierno en Washington nos definan como un problema y decidan actuar en consecuencia.
Desafortunadamente, desde hace ya tiempo el proceso político mexicano está muy alejado del consenso y hoy aparece como un tejido lleno de agujeros. Como nuestra economía no cumple aceptablemente con las exigencias materiales mínimas que el país demanda, muchos mexicanos se ven empujados a buscar oportunidades en el mundo de la ilegalidad, de la criminalidad y el narcotráfico (véase el documento de la SSP publicado en La Jornada del 28 de febrero) o a emigrar a Estados Unidos. México lleva más de tres lustros como parte de la integración económica de la América del Norte, pero su democracia y sus sistemas de seguridad y justicia permanecen muy lejos de las normas de legalidad y convivencia que se supone deben privar en esa región. En fin, que hoy el principal instrumento de negociación del gobierno de México con el exterior –la legitimidad de su régimen político, la fuerza de sus instituciones y la buena marcha de sus asuntos internos– está mellado y eso, inevitablemente, le debilita en el esfuerzo por defender el interés nacional, como quiera que se le defina.
Como resultado de la derrota militar de México frente a Estados Unidos en la guerra de 1846-1848 primero, y luego por la pérdida de influencia de Europa en nuestro país tras el fracaso de la aventura francesa de 1862-1867 y el debilitamiento posterior de la posición británica en México a inicios del siglo XX, México terminó por quedarse solo frente a Estados Unidos. Fueron esas condiciones las que llevaron a que la mejor defensa del interés mexicano fuera evitar que Washington se preocupase por nuestros problemas, fuesen estos políticos, económicos, legales, de seguridad, sociales o una combinación de ellos. Hoy, pese a que la Casa Blanca tiene sus manos llenas con sus dificultades en el mundo islámico, ya no puede ignorar que al otro lado de su frontera sur hay un sistema político que está siendo rebasado por sus retos.
2000 y, peor aún, 2006. A partir del acuerdo entre el presidente Plutarco Elías Calles y el embajador norteamericano Dwight Morrow en 1927, Washington encontró conveniente aceptar al régimen priísta porque mantenía el control político del país y porque, no obstante cierta retórica nacionalista, izquierdista y antiimperialista, en la práctica cooperaba con Estados Unidos en el contexto internacional. Sin embargo, ese sistema envejeció, se hizo obsoleto y en el 2000 México inició lo que se suponía una nueva era política, una de cambio impulsado por una legitimidad revitalizada, democrática. Sin embargo, no fue ese el caso. Y al final del 2006, la embajada norteamericana en México tuvo que admitir, según el despacho del 15 de noviembre de 2006 y hecho público por Wikileaks, que el primer gobierno post priísta encabezado por Vicente Fox, estuvo “lejos de ser perfecto”. El espacio político que se abrió entonces como consecuencia de la derrota electoral del PRI, fue desaprovechado como resultado de la falta de visión, de estrategia y de capacidad política del nuevo gobierno. Ni las instituciones ni la clase política mexicanas, concluyó la embajada, estuvieron a la altura de la ocasión. La oposición detectó pronto la debilidad del “primer presidente realmente electo democráticamente” y lo desafió con éxito en cada oportunidad, al punto que su único gran logro fue haber ganado la elección.
Desde la perspectiva de la embajada norteamericana, y según el mismo documento, sólo tres instituciones parecieron funcionar en el sexenio foxista: las electorales, la Suprema Corte de Justicia y el Banco de México. Sin embargo, ya antes había reducido las tres a dos. En un informe del 1° de septiembre, la embajada ya había aceptado que el aparato electoral –IFE y TEPJF– había quedado dañado por las dudas que generaron los resultados electorales de ese 2006.
A ojos del representante del gobierno norteamericano a la falta de instituciones “bien preparadas para (hacer funcionar a) la joven democracia multipartidista de México”, se añadía otro tema aún más preocupante, por inmediato: la debilidad de Felipe Calderón. En el despacho ya citado del 1° de septiembre del 2006, el embajador Tony Garza sostuvo que Calderón iba a tener que asumir la Presidencia en “la situación de mayor debilidad política posible” pues no sólo la oposición no aceptaba como legítima su victoria, sino que también le fallaba el apoyo de Fox y de su partido. En esas condiciones, y según el embajador, Calderón necesitaba de “un fuerte respaldo del gobierno norteamericano”. Garza señaló que las felicitaciones inmediatas tras la declaración del IFE que el panista había sido el candidato más votado, debía reforzarse con otra cuando el TEPJF confirmara esa victoria. Por lo pronto el diplomático ya se había reunido un par de veces con el futuro Ejecutivo mexicano para “hacerle patente nuestro apoyo” y se proponía seguirle respaldando, pues de lo contrario existía el riego de que la debilidad del nuevo gobierno se tradujera en una parálisis de “nuestros asuntos más importantes”.
Los documentos publicados hasta ahora no especifican la naturaleza puntual de esa agenda norteamericana en México. Sin embargo, no es difícil de imaginar y, en todo caso, la experiencia histórica muestra que el apoyo de Estados Unidos o de cualquier gran potencia a un México en estado de debilidad, tiene un precio. Y que ese precio termina por ser una disminución en la soberanía.
Desde el inicio de la administración calderonista, la guerra al narcotráfico (o campaña, para otros) absorbió el grueso de la energía política del gobierno federal. En ese punto coincidieron los intereses del calderonismo, necesitado de una imagen pública de líder fuerte, y los del gobierno norteamericano, que respondió en 2008 con la Iniciativa Mérida –formalmente una iniciativa de Calderón para el combate bilateral al narcotráfico–, pues desde hace ya un siglo Estados Unidos insiste en demandar a otros el combate a la producción y trasiego de sustancias prohibidas.
Ahora bien, los propios documentos publicados por Wikileaks y elaborados ya en la época del nuevo embajador norteamericano, Carlos Pascual, muestran que en paralelo con las expresiones públicas de beneplácito de la Casa Blanca por el gran valor mostrado por Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga, están las críticas internas por la ineficacia y la extendida corrupción del aparato encargado de esa política, (véase al respecto, y como ejemplo, los cables de l5 y 28 de octubre y 17 de diciembre de 2009 y 29 de enero de 2010).
Resumen. La debilidad de la estructura institucional de México y de su sistema político, más el poco éxito de la campaña contra el narco, dificultan hoy la defensa del interés nacional en las negociaciones con Estados Unidos. En esta coyuntura, una opinión pública inconforme y exigente en la defensa de la soberanía puede y debe contribuir a disminuir las pérdidas en este campo.
No es necesario recurrir a los documentos internos del gobierno norteamericano que han sido publicados por Wikileaks, para suponer que Washington debe tener serias reservas en relación a las capacidades del actual gobierno mexicano para cumplir con uno de los papeles que desde hace tiempo le ha asignado a nuestro país: el de mantener la estabilidad en su frontera sur. Sin embargo, los inesperados papeles de Wikileaks confirman la sospecha de que a Washington le preocupa México.
La enorme asimetría de poder entre México y el vecino del norte –que a partir de la desaparición de la URSS es la única gran potencia–, ha hecho que algunos de los instrumentos clásicos de la política del poder entre las naciones –la fuerza militar, las alianzas, la capacidad de la economía, la dimensión territorial o demográfica del país, entre otros–, no signifiquen gran cosa en la relación México-Estados Unidos. En esas peculiares condiciones, resulta que para nuestro país y desde el siglo XIX, la mejor política externa ha sido contar con una sólida política interna: una basada en el más amplio conceso posible en torno a la agenda nacional. Sólo en esa condición se puede minimizar la posibilidad de que los responsables del gobierno en Washington nos definan como un problema y decidan actuar en consecuencia.
Desafortunadamente, desde hace ya tiempo el proceso político mexicano está muy alejado del consenso y hoy aparece como un tejido lleno de agujeros. Como nuestra economía no cumple aceptablemente con las exigencias materiales mínimas que el país demanda, muchos mexicanos se ven empujados a buscar oportunidades en el mundo de la ilegalidad, de la criminalidad y el narcotráfico (véase el documento de la SSP publicado en La Jornada del 28 de febrero) o a emigrar a Estados Unidos. México lleva más de tres lustros como parte de la integración económica de la América del Norte, pero su democracia y sus sistemas de seguridad y justicia permanecen muy lejos de las normas de legalidad y convivencia que se supone deben privar en esa región. En fin, que hoy el principal instrumento de negociación del gobierno de México con el exterior –la legitimidad de su régimen político, la fuerza de sus instituciones y la buena marcha de sus asuntos internos– está mellado y eso, inevitablemente, le debilita en el esfuerzo por defender el interés nacional, como quiera que se le defina.
Como resultado de la derrota militar de México frente a Estados Unidos en la guerra de 1846-1848 primero, y luego por la pérdida de influencia de Europa en nuestro país tras el fracaso de la aventura francesa de 1862-1867 y el debilitamiento posterior de la posición británica en México a inicios del siglo XX, México terminó por quedarse solo frente a Estados Unidos. Fueron esas condiciones las que llevaron a que la mejor defensa del interés mexicano fuera evitar que Washington se preocupase por nuestros problemas, fuesen estos políticos, económicos, legales, de seguridad, sociales o una combinación de ellos. Hoy, pese a que la Casa Blanca tiene sus manos llenas con sus dificultades en el mundo islámico, ya no puede ignorar que al otro lado de su frontera sur hay un sistema político que está siendo rebasado por sus retos.
2000 y, peor aún, 2006. A partir del acuerdo entre el presidente Plutarco Elías Calles y el embajador norteamericano Dwight Morrow en 1927, Washington encontró conveniente aceptar al régimen priísta porque mantenía el control político del país y porque, no obstante cierta retórica nacionalista, izquierdista y antiimperialista, en la práctica cooperaba con Estados Unidos en el contexto internacional. Sin embargo, ese sistema envejeció, se hizo obsoleto y en el 2000 México inició lo que se suponía una nueva era política, una de cambio impulsado por una legitimidad revitalizada, democrática. Sin embargo, no fue ese el caso. Y al final del 2006, la embajada norteamericana en México tuvo que admitir, según el despacho del 15 de noviembre de 2006 y hecho público por Wikileaks, que el primer gobierno post priísta encabezado por Vicente Fox, estuvo “lejos de ser perfecto”. El espacio político que se abrió entonces como consecuencia de la derrota electoral del PRI, fue desaprovechado como resultado de la falta de visión, de estrategia y de capacidad política del nuevo gobierno. Ni las instituciones ni la clase política mexicanas, concluyó la embajada, estuvieron a la altura de la ocasión. La oposición detectó pronto la debilidad del “primer presidente realmente electo democráticamente” y lo desafió con éxito en cada oportunidad, al punto que su único gran logro fue haber ganado la elección.
Desde la perspectiva de la embajada norteamericana, y según el mismo documento, sólo tres instituciones parecieron funcionar en el sexenio foxista: las electorales, la Suprema Corte de Justicia y el Banco de México. Sin embargo, ya antes había reducido las tres a dos. En un informe del 1° de septiembre, la embajada ya había aceptado que el aparato electoral –IFE y TEPJF– había quedado dañado por las dudas que generaron los resultados electorales de ese 2006.
A ojos del representante del gobierno norteamericano a la falta de instituciones “bien preparadas para (hacer funcionar a) la joven democracia multipartidista de México”, se añadía otro tema aún más preocupante, por inmediato: la debilidad de Felipe Calderón. En el despacho ya citado del 1° de septiembre del 2006, el embajador Tony Garza sostuvo que Calderón iba a tener que asumir la Presidencia en “la situación de mayor debilidad política posible” pues no sólo la oposición no aceptaba como legítima su victoria, sino que también le fallaba el apoyo de Fox y de su partido. En esas condiciones, y según el embajador, Calderón necesitaba de “un fuerte respaldo del gobierno norteamericano”. Garza señaló que las felicitaciones inmediatas tras la declaración del IFE que el panista había sido el candidato más votado, debía reforzarse con otra cuando el TEPJF confirmara esa victoria. Por lo pronto el diplomático ya se había reunido un par de veces con el futuro Ejecutivo mexicano para “hacerle patente nuestro apoyo” y se proponía seguirle respaldando, pues de lo contrario existía el riego de que la debilidad del nuevo gobierno se tradujera en una parálisis de “nuestros asuntos más importantes”.
Los documentos publicados hasta ahora no especifican la naturaleza puntual de esa agenda norteamericana en México. Sin embargo, no es difícil de imaginar y, en todo caso, la experiencia histórica muestra que el apoyo de Estados Unidos o de cualquier gran potencia a un México en estado de debilidad, tiene un precio. Y que ese precio termina por ser una disminución en la soberanía.
Desde el inicio de la administración calderonista, la guerra al narcotráfico (o campaña, para otros) absorbió el grueso de la energía política del gobierno federal. En ese punto coincidieron los intereses del calderonismo, necesitado de una imagen pública de líder fuerte, y los del gobierno norteamericano, que respondió en 2008 con la Iniciativa Mérida –formalmente una iniciativa de Calderón para el combate bilateral al narcotráfico–, pues desde hace ya un siglo Estados Unidos insiste en demandar a otros el combate a la producción y trasiego de sustancias prohibidas.
Ahora bien, los propios documentos publicados por Wikileaks y elaborados ya en la época del nuevo embajador norteamericano, Carlos Pascual, muestran que en paralelo con las expresiones públicas de beneplácito de la Casa Blanca por el gran valor mostrado por Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga, están las críticas internas por la ineficacia y la extendida corrupción del aparato encargado de esa política, (véase al respecto, y como ejemplo, los cables de l5 y 28 de octubre y 17 de diciembre de 2009 y 29 de enero de 2010).
Resumen. La debilidad de la estructura institucional de México y de su sistema político, más el poco éxito de la campaña contra el narco, dificultan hoy la defensa del interés nacional en las negociaciones con Estados Unidos. En esta coyuntura, una opinión pública inconforme y exigente en la defensa de la soberanía puede y debe contribuir a disminuir las pérdidas en este campo.
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