Para nosotros los mexicanos que tanto la necesitamos

«Actúa como si tuvieras fe, 


y la fe nacerá en ti».

Paul Newman

Mayor desigualdad=inestabilidad social

El deterioro en las condiciones económicas genera descontento en la población, dicen analistas; en 30 años el salario mínimo se ha deteriorado 70%: sector privado.

La crisis de 2009 dejó 6 mikllones de pobres más en México. (Foto: Jupiter Images)

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Por: Isabel Mayoral Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — La crecienteconcentración de la riqueza en México está alimentando las tensiones sociales, y se corre el riesgo de que la violencia aumente de no solucionarse de fondo los problemas económicos del país, coinciden en mencionar Walter Molano, director de BCP Securities, y José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey.
A pesar de que ha mejorado el poder adquisitivo del salario mínimo, "no se puede negar el fuerte deterioro a lo largo de los últimos 30 años, ya que en ese periodo se ha observado un deterioro de 70%. Es decir, actualmente con un salario mínimo se puede adquirir solo el 30% de lo que se obtenía en 1980", dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
De la Cruz agregó que en ciertas regiones del país se tiene la presencia de una fuerte inestabilidad social, resultado de la inequidad de la distribución de la riqueza y del bajo crecimiento económico. "Corremos el riesgo de que se acrecenté, de no solucionarse de fondos los problemas económicos del país. La crisis de 2009 dejó seis millones de pobres más, que se adhieren a los 50.5 millones que ya había en México".
Advirtió que en el segundo semestre de 2010, el crecimiento económico de México ya no será tan vigoroso. La economía de Estados Unidos comienza a dar señales de una expansión más moderada.
"El ciclo económico de México está ligado al de EU y, fundamentalmente, la brecha entre uno y otro país es menor de un mes. Es decir, lo que ocurra en la actividad industrial particularmente la manufactura de EU impactara laeconomía de Mexico un mes después", indicó el investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
Molano expuso que "hasta recientemente, una de las mejores opciones para los mexicanos con aspiraciones era buscar una mejor vida en el extranjero, en EU o Europa. Sin embargo, con la crisis económicalocalizada en estas partes del planeta, están siendo forzados a buscar su fortuna en la arena ilícita".
En su análisis "Mexico, la Guerra de castas" indica que la sociedad mexicana nunca se ha considerado tan rígida como en Colombia o Chile, pero un paseo por Polanco o desayuno en el Four Seasons destaca visiblemente la división social.
"Mucha gente habla sobre la colombianización de México. Esto se refiere al creciente nivel deviolencia y ataques a los medios, policías, jueces y políticos. Esta alude a la creciente influencia del la narco-industria sobre la sociedad civil. Sin embargo, esto ve los síntomas y no las causas".
La colombianización de México no es sólo muerte, carteles y drogas, agrega. "Como en Colombia, es la manifestación de una frustración general con el status quo. En otras palabras, es una guerra de clases. Conforme los indicadores sociales mejoran y la proliferación de canales de medios permiten a la gente pobre ver lo  bien que puede vivir otra gente, entonces su frustración se expresará como coraje y violencia".
Esto se ve exacerbado por la falta de oportunidades en el extranjero. "Desdichadamente, México puede ser una sociedad muy violenta. Aunque generalmente pacífica, la historia mexicana está llena de episodios oscuros, con violencia gratuita y sangrienta", expone  Molano.
 Por tanto, los gobiernos de EU y México pueden desplegar más tropas y equipo para abatir a tiros a los elementos criminales, pero no podrán suprimir el descontento hasta que atiendan los problemas sociales subyacentes.
De la Cruz expuso que hay tres  elementos por los cuales esperar un menor crecimiento. El primero es un mercado interno que no está creciendo a ritmos vigorosos; EU empieza a dar señales de una expansión más moderada, y hay un componente del gasto del gobierno que no se está ejerciendo de manera oportuna.
"No me parece que haya motivos para alegrarse. El análisis del empleo que están haciendo el gobierno se focaliza exclusivamente en el IMSS, pero representa menos de la tercera parte del mercado laboral mexicano y las otras dos terceras partes no las incluyen en su análisis y ahí hay una menor calidad de empleo y salarios más bajos", subrayó De la Cruz.
El CEESP destacó al respecto que "desde que estalló la crisis se aprecia un proceso en el que el nivel salarial ofrecido para quienes se integran al mercado de trabajo es mucho menor, es decir, se han eliminado puestos de trabajo con salarios más altos a cambio de otros con remuneraciones menores y sin prestaciones sociales y puede ser un factor que limite la recuperación del mercado interno".
Es claro que la situación laboral en nuestro país no es del todo favorable, por lo que es importante darle una pronta solución, sobre todo cuando es sabido que este es posiblemente el factor más importante para estimular el mercado interno y elevar significativamente el bienestar de la población, con la consecuente reducción de la pobreza, que según las autoridades, se incrementó en seis millones de personas como resultado de la crisis de 2009.

SCJN: Jurisprudencia que perjudica a los pensionados del IMSS

Injusticia social de la Suprema Corte

Urge resolver la incertidumbre sobre las pensiones para regresar a un clima de confianza: AmCham; la Secretaría de Hacienda guarda silencio ante la situación de los jubilados bajo la Ley de 1973.

Se desconoce el rumbo que tomarán las pensiones de los trabajadores que se jubilen con la Ley del Seguro Social de 1973. (Foto: Jupiter Images)

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Por: Isabel Mayoral Jiménez

CIUDAD DE MEXICO (CNNExpansión.com) — Descontento en el sector obrero-patronal genera la indefinición del Instituto Mexicano del Seguro Social ante la decisión que ratificó ayer martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de bajar de 25 a 10 salarios mínimos el monto con el cual se fijan las pensiones de los trabajadores que se han jubilado, o se pensionarán, con la Ley de 1973.
La Cámara Americana de Comercio (American Chamber of Commerce of Mexico) exhortó a todas las autoridades judiciales y administrativas responsables a solucionar adecuada y oportunamente la presente situación de incertidumbre legal y de la economía de los trabajadores, para regresar a un clima de confianza, productividad, de imperio del Estado de Derecho y de confianza en la inversión.
"Los trabajadores y los empleadores han pagado sus cuotas al sistema del Seguro Social, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás normatividad  aplicable, bajo una percepción de certeza y seguridad jurídica y económica. Sin embargo, tal certidumbre se elimina en este momento ante la posibilidad de que desaparezca una parte muy importante del monto de la pensión", dijo en un comunicado de prensa el organismo que agrupa a las mayores empresas estadounidenses instaladas en el país.
Advierte que la pensión, como contraprestación a cargo delIMSS, podría ser proporcionalmente mucho menor a la aportación, conduciendo tal situación a un "notorio y grave desequilibrio e inclusive a una posible injusticia social".
En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, miembro del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), optó por el silencio al declinar opinar sobre la decisión que tomó la SCJN de bajar de 25 a 10 salarios mínimos las pensiones de aquellos trabajadores que se jubilaron o jubilarán con la Ley del Seguro Social de 1973.
Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, dijo que "la aclaración que hizo ayer la SCJN fue muy importante. En ningún momento están recortando las pensiones de los trabajadores. Las pensiones de los trabajadores que se jubilaron bajo la ley de 1997 están topadas en 25 salarios mínimos, como establece la ley, y eso es importante aclararlo".
Afirmó que el Gobierno Federal es muy respetuoso de las decisiones que toma el Poder Judicial; sin embargo, al cuestionarle sobre la situación de los jubilados que se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 optó por el silencio.
La SCJN se "desentendió"  de la Ley vigente del  1 de julio de 1997 para dictar jurisprudencia y bajar de 25 a 10 salarios mínimos el monto para fijar las pensiones y se quedó hasta el análisis de la Ley que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997 (régimen 1973 para efectos de jubilación), puntualizó Efraín Labastida, Socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte México.
"Esto no debió ser así, ya que ambas leyes están ligadas por un artículo  3o. transitorio que es el que da opción del régimen para jubilarse (la Ley 73 señala el régimen y la Ley 97 el salario promedio), así  como el art. 25 transitorio que obligó a patrones y trabajadores a cotizar con más de 10 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal  a partir del 1o. de julio de 1997.
La American Chamber ve con preocupación este entorno de indefinición que se ha generado respecto a las pensiones y la posibilidad de que los trabajadores que le prestan sus servicios a las empresas miembros de esta organización, puedan perder parte de las aportaciones que han efectuado al IMSS para obtener una pensión de vejez y cesantía en edad avanzada, y reciban como contraprestación una pensión reducida y menor, desproporcionada a su aportación.
La SCJN no aclaran la duda de los trabajadores que a partir del 1o. de julio de 1997, que cotizaron por la rama  de Incapacidad, Vejez, Cesantía con 15, 16, 17 y hasta 25 veces el salario mínimo en los diferentes periodos. "¿Cómo se pretenderá pagarles su jubilación? ¿Con el límite máximo de 10 o 25 veces el salario mínimo, como se venía haciendo de forma también incorrecta?", cuestionó el experto en asuntos legales de Deloitte.
"Se concluyó que fue intención del legislador establecer en el segundo párrafo del citado artículo 33, como límite superior del salario base de cotización para los seguros de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y que por ello el salario promedio base para cuantificar esas pensiones no podía rebasar dicho tope", expuso.
Esto sería correcto únicamente para trabajadores que se jubilaron hasta el 30 de junio de 1997. Es correcto el que señalen que la jurisprudencia mencionada no resulta aplicable a los asegurados que decidan pensionarse conforme a la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1º de julio de 1997, pero insisto ¿qué posición se tomará con los que se jubilaron con la Ley de 1973?".

Ley SB1070 en Arizona: Causará Desastre Humanitario

México, sin plan para Ley Arizona, acusan

Especialistas aseguran que el problema inmediato sería que al menos 14 estados de la Unión Americana apliquen normas antiinmigrantes similares a la de Arizona

RECHAZO. Dos mujeres sostienen una enorme pancarta donde se lee “Detengan la SB1070. No vamos a cumplir”, en una manifestación realizada a las afueras de la Corte Federal de Arizona (Foto: EFE )

Lunes 26 de julio de 2010Silvia Otero | El Universal

La entrada en vigor de la Ley SB1070 puede traducirse en un desastre humanitario. En Arizona imperaría el racismo y violaciones a derechos humanos, en un estado que no tiene la capacidad de confinar a cientos de detenidos para su deportación; las familias serían separadas y el extranjero que sea forzado a regresar a su país de origen perdería todos sus bienes, advierten organizaciones civiles de Estados Unidos, líderes migrantes y grupos defensores.

Coinciden con expertos en que el gobierno de México no está preparado para enfrentar esta situación, y ni siquiera, se conoce un plan de contingencia diseñado en caso de que se aplique la norma el 29 de julio próximo. Al respecto, se consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y sus autoridades fijaron la postura: “No anticipar escenarios sobre lo que podría o no suceder”.

Otros especialistas aseguran que el problema inmediato sería que al menos 14 estados de la Unión Americana apliquen normas antiinmigrantes similares, pero no anticipan un panorama de catástrofe y creen que el gobierno mexicano tiene la capacidad para hacer frente al problema, incluyendo ofrecer trabajo a deportados.

El 23 de abril pasado, la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, firmó la norma que criminaliza la migración indocumentada, lo que derivó en que organizaciones civiles de Estados Unidos presentaran una demanda ante la Corte Federal y una decena de países de América Latina se sumaran con México, bajo la figura de “Amigo de la Corte”, para presentar argumentos contra su aplicación ante la juez.

También el gobierno de Barack Obama la impugnó el 6 de julio, por ser anticonstitucional, ya que el tema migratorio es facultad exclusiva del gobierno federal. Aunque el riesgo de aplicarse es latente.

Demandantes: Arizona no está lista

Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef), una de las que demandó al estado de Arizona con el fin de frenar la aplicación de la SB1070, explica que nada obliga a la juez de la causa a emitir su fallo antes del 29 de julio, y existe el riesgo de que entre en vigor, aunque hay confianza en que la resolución permitirá pararla, porque “jurídicamente hay un caso sólido”.

Sin embargo, advierte que si la juez falla a favor de la norma “Arizona será un estado trágico ante las acciones de discriminación contra cualquier extranjero, lo que importará en un primer momento será la apariencia, no el estatus migratorio, como motivo de detención”. El impacto es difícil de cuantificar. La ley afectará a millones de personas y no sólo al más de medio millón de indocumentados que el gobierno de Arizona asegura que están en su territorio, al aplicar el perfil racial todo el que es diferente estará bajo sospecha.

El escenario se agrava, apunta, ante posibles capturas y deportaciones masivas, pues no se sabe cuánto tiempo estarán detenidos —un día o un año—. Además, los condados y el estado no tienen la capacidad para mantener a cientos de detenidos en instalaciones antes de repatriarlos.

“Autoridades de Tucson presentaron una declaración ante la Corte de que no cuentan con la infraestructura para tener en sus centros de detención o prisiones a cientos de personas por horas o semanas, y esto también elimina las mínimas garantías de defensa de los detenidos”.

Es preocupante, dice, que “en el transcurso habrá familias separadas, los migrantes tendrán miedo de enviar a sus hijos a la escuela, no querrán ir a los hospitales ni buscar otros servicios, se interrumpirá el comercio ante el temor de la población a acudir a un negocio ante el riesgo de ser detenido, en tanto se demuestra el estatus migratorio”.

En este escenario, Espinoza-Madrigal, consideró que “ningún país está preparado para absorver el volumen de deportados y darles empleos”.

Maldef representa a 14 organizaciones, entre prestadores de servicios a la comunidad, comercios o negocios, iglesias, sindicatos laborales, defensores de derechos civiles, comunidades latinas y asiáticas, que serán afectadas por la ley. “Esperamos que la resolución salga a nuestro favor (…) uno de los argumentos jurídicos más sólidos es que la Ley Arizona no puede usurpar los poderes federales en materia de migración”, y en este sentido es similar a la que formuló ante la misma Corte Federal el Departamento de Justicia alegando la inconstitucionalidad de la ley, detalla.

La demanda de Maldef es más amplia: adiciona argumentos como el que la ley es discriminatoria y puede afectar las relaciones internacionales o exteriores, por lo que “ha sido muy importante para apoyar este litigio el que México se haya sumado a la demanda como tercera parte interesada bajo la figura de “Amigo de la Corte” y que una decena de países de la región también busquen sumarse”. 

Los despojan de todo

Prisciliano Peraza, el sacerdote católico que dirige el Centro Comunitario de Atención al Migrante Necesitado, en Altar, Sonora, sostiene que el gobierno mexicano no podrá ofrecer la ayuda a todos los deportados si se aplica la SB1070, “eso no ocurre hoy, mucho menos si los regresan de forma masiva, tampoco veo que se les pueda dar trabajo y vivienda en sus lugares de origen, de los que salen por la falta de oportunidades”.

A diario su albergue atiende de 25 a 30 deportados de Nogales, Arizona. “Son los que la Patrulla Fronteriza ‘tira’ en la frontera, muchas veces golpeados, deshidratados por golpes de calor, o también dejan a menores solos y mujeres en plena madrugada, los botan sin un peso para sobrevivir, los despojan de todo”.

Ahí les dan alimentos, ropa y una tarjeta telefónica para pedir ayuda a sus familiares. Algunos se quedan tres días, pero hay quienes tardan hasta un mes y medio pues deben reunir dinero para regresar a sus lugares de origen o intentar regresar a Estados Unidos.

Micaela Saucedo, quien dirige la Casa Refugio Elvira —en Tijuana—, dice que la historia es la misma en toda la frontera. Los deportados “regresan peor que como se fueron, pues muchos así como los agarran, con lo que llevan puesto son enviados de regreso, los ahorros de su trabajo, sus propiedades, la familia se quedan del otro lado”. Eso ocurre sin que el gobierno les ofrezca protección eficiente; está convencida que mucho menos podrá hacerlo si entra en vigor la Ley Arizona.

Para Julie Contreras, comisionada de la League of United Latin American Citizens (Lulac), una de las redes de defensa de migrantes más grandes de Estados Unidos, no hay duda: “podríamos estar frente a un desastre humanitario”. El mayor riesgo es que las familias serán separadas, que los padres sean deportados y los menores queden en el desamparo, por lo que se prepara un plan de acción para darles refugio en iglesias, aunque sin duda el daño sería irreparable.

Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior, indica que el mayor daño social lo resentirán los migrantes por el riesgo de ser separados de sus familias, “pero también porque perderán todo por lo que han trabajado” sus cuentas bancarias, propiedades, sin importar si tienes uno o 20 años en ese país.

Señala que podrían realizarse gestiones consulares —trámites que no son muy comunes— para hacer transferencias bancarias, cartas poder para la venta de inmuebles y que los deportados recuperaran parte de sus recursos, aunque eso requeriría de una estrategia del gobierno mexicano para enfrentar los posibles efectos de la ley SB1070, “aunque no vemos que exista un plan de contingencia”.

Urge plan de México

Elvira Arellano, quien luchó ante tribunales de EU en 2007 para impedir su deportación y fuera separada de su hijo, sabe que “el gobierno mexicano no está preparado para asistir a los paisanos que viven en Arizona, no es suficiente con saber que están los consulados, pues la experiencia nos hace no tener confianza en esas autoridades, al final cuando te botan en la frontera estás solo y sin nada”.

Enrique Morones dirigente de los Ángeles de la Frontera y José Luis Arzola, ex presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) de la Cancillería, coincidieron en que el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad de brindar la protección suficiente para las deportaciones que se registran actualmente sin ley SB1070, tampoco lo estará si llegan a ser masivas, por lo que se necesita diseñar una estrategia ante los posibles efectos de la ley.

El ex representante de México ante Naciones Unidas, Enrique Berruga, señala que no hay indicios de que el gobierno federal esté preparando o tenga listo “un plan B” ante el escenario planteado por los activistas. “No veo que el gobierno mexicano esté atendiendo alguno de estos temas, ni siquiera hay un pronunciamiento que diga en general: paisanos, si llegara a ponerse en vigor esta ley, sepan que tendrán la protección del Estado mexicano, que ponga un número de atención”.

Aunque José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch, reveló que el 12 de julio se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan —a petición del diplomático—, “con el propósito de conversar y prepararnos para una eventual entrada en vigor de la Ley Arizona”.

La impresión que le dejó la reunión fue que “es prioridad para México lo que esté ocurriendo en Arizona, se ha puesto las pilas y está preparado desde el punto de vista de recursos materiales y de personal de todos los consulados, que han sido reforzados, para estar muy atentos a cualquier reclamo o denuncia que se suscite y documentar casos de abuso, ante la eventual entrada en vigor de la ley”.

Reconoció que “dada la gravedad de lo que pueda ocurrir, ya que esta es una ley que no se puede implementar sin violar derechos humanos, pues se hará sobre la base de prácticas de discriminación racial, la ley no permite otro camino”, HRW analiza enviar observadores a Arizona para dar seguimiento puntual a lo que ocurra ante un problema que puede ser masivo.

Aunque René Martín Zenteno, secretario general académico del Colegio de la Frontera, indicó que no se conoce un plan de contingencia del gobierno mexicano, pero “no vislumbro un escenario catastrófico”, pues considera que la aplicación de la SB1070 será gradual y se podrán tomar medidas de protección para migrantes.

El ex embajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño, indica que el riesgo grave de esta ley es que otros estados apliquen normas similares.

“Es factible que México sea de los pocos países que estaría en posibilidades de dar la asistencia necesaria a sus connacionales que tengan problemas, por su red de 50 consulados, y tiene una economía que es capaz de absorver un retorno que tampoco sería de cantidades industriales. Creo que México si tendría, en lo que sería el primer impacto de esta legislación, capacidad para responder. No hay que caer en el tremendismo”.

El Informe 2010 de PNUD sobre la desigualdad en America Latina y el Caribe

TRIBUNA: HERALDO MUÑOZ

Actuar hoy sobre el futuro

HERALDO MUÑOZ 22/07/2010

América Latina y el Caribe no puede esperar más. Es la hora de actuar para reducir la enorme desigualdad en que ha estado sumida nuestra región durante siglos. La desigualdad impacta negativamente a las personas, a la economía, a la política, a la sociedad en su conjunto. La alta y persistente desigualdad, marca histórica de nuestra región, afecta seriamente a la calidad de vida, a la libertad: en definitiva, al desarrollo humano.

En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tenemos claro el efecto nocivo de esta situación de desigualdad y por ello hemos querido ahondar en el conocimiento de sus causas, de los factores que provocan que perviva para, de esta forma, poder proponer soluciones concretas, realistas y eficaces a este problema endémico que afecta a la región en su conjunto.

El primer Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe elaborado por el PNUD, que hoy damos a conocer, plantea como mensaje central que la reducción de la desigualdad debe ser la prioridad política en la región. Para lograr dicha reducción de manera sostenible, es necesario incidir sobre los mecanismos que la hacen persistente en el tiempo y que vinculan estas desigualdades socioeconómicas entre generaciones.

Como han mostrado estudios recientes publicados por el PNUD, en varios países de la región, incluyendo Brasil, Chile, México, Perú y Argentina, hubo una reducción en la desigualdad durante los primeros años de este siglo. Dicha disminución se explica básicamente por una mejor incidencia del gasto social -derivado de un consenso político respecto a la importancia del combate a la pobreza?y por una dinámica de ampliación de la cobertura educativa a nivel básico y medio, que ha propiciado un cambio en la composición de la fuerza laboral en un contexto de globalización.

Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe siguen siendo los campeones de la desigualdad en el mundo. ¿Por qué? La explicación se encuentra en lo que en el PNUD hemos llamado "nuevos márgenes de desigualdad". Hoy, si bien la cobertura de servicios públicos se ha ampliado en la mayoría de los países, la desigualdad se refleja, por ejemplo, en brechas de calidad. El incremento de programas públicos de transferencias monetarias condicionadas ha tenido efecto sobe la asistencia escolar y sobre algunos indicadores de nutrición y salud, especialmente en los niños y niñas, pero no están vinculados, según muestran evaluaciones específicas, a una mayor calidad de inserción laboral.

El informe resalta que existen mecanismos en los hogares que refuerzan la reproducción de la desigualdad. Hablamos de factores objetivos, como el acceso a bienes y servicios y a mercados, y aspectos subjetivos como la formación de aspiraciones y la autonomía, que juegan también un papel importante en la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Cuando la distancia entre las aspiraciones de las personas y los recursos necesarios para poder alcanzarlas es demasiado grande, la brecha no puede ser cubierta. Esta situación es propia de sociedades estratificadas, como las de América Latina y el Caribe, donde es muy grande la distancia que existe entre las aspiraciones posibles de las personas que integran los grupos más favorecidos y aquellas de los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Pero las explicaciones para la persistencia de la desigualdad en la región no se encuentran solamente a nivel del hogar. El proceso político también responde de manera diferenciada a las necesidades de los distintos grupos sociales. Reducir la desigualdad de manera sostenible supone actuar sobre la baja calidad de la representación política, la debilidad institucional, el acceso diferenciado a la influencia sobre políticas concretas, y sobre fallas institucionales que derivan en corrupción y captura del Estado por minorías.

La conjunción de todos estos factores explica por qué 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. Como muestra el informe regional sobre desarrollo humano, el coeficiente de Gini del ingreso de la región, el indicador más usado para medir la desigualdad, es un 65% más elevado que el de los países de ingreso alto, un 36% más alto que el de los países del este asiático y un 18% más alto que el promedio del África subsahariana.

Esta situación regional esconde, no obstante, significativas diferencias. Países como Bolivia, Haití, y Brasil son más desiguales y reportan un índice de Gini superior a 0.55. En el otro extremo, países como Costa Rica, Argentina o Uruguay muestran mayor equidad con índices inferiores a 0.49.

No cabe duda que el combate a la pobreza debe continuar entre las prioridades, pero deben fortalecerse los instrumentos que reduzcan la desigualdad y fortalezcan a la clase media. Es necesario incidir sobre las condiciones objetivas de los hogares y las restricciones que enfrentan, sobre aspectos subjetivos que determinan autonomía y aspiraciones de movilidad y, finalmente, sobre la calidad y eficacia de la representación política y la capacidad redistributiva del Estado.

Esta nueva política integral y específica que propone el informe regional sobre desarrollo humano de PNUD se asienta en tres pilares. Las estrategias de redistribución deben llegar a aquellos para quienes fueron diseñadas; deben considerar no solamente una restricción a la vez, sino tomar en cuenta que las restricciones que enfrentan los hogares son múltiples y en ocasiones se refuerzan unas con otras. Además, los objetivos de la política pública deben incorporarse en el imaginario de los beneficiarios, quienes deben ser sujetos activos de su propio desarrollo.

La desigualdad importa en sí misma. Importa para las personas, porque la igualdad es la base para que tengan posibilidades efectivas de elegir libremente entre distintas opciones de vida. Importa para la economía, porque la desigualdad afecta la calidad del crecimiento y hace más difícil la lucha contra la pobreza. Importa para la sociedad, porque una situación de igualdad genera cohesión social y mayores espacios para la gobernabilidad.

Este primer informe de PNUD sobre la desigualdad en América Latina y el Caribe que hoy se presenta, constituye nuestro modesta aporte a los debates nacionales y regionales sobre la necesidad de un enfoque más integral de política pública y de un fortalecimiento de los instrumentos redistributivos y regulatorios del Estado. Es un llamado a romper ese círculo vicioso histórico de alta desigualdad, con medidas concretas y efectivas. Es, en definitiva, una convocatoria a actuar, hoy, sobre el futuro.

La región más desigual del mundo

Diez de los quince países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. El coeficiente de Gini del ingreso de la región, el indicador más usado para medir la desigualdad, es un 65% más elevado que el de los países de ingreso alto, un 36% más alto que el de los países del este asiático y un 18% más alto que el promedio del África subsahariana. Por países, Bolivia, Haití, y Brasil son más desiguales y reportan un índice de Gini superior a 0.55 mientras que Costa Rica, Argentina o Uruguay muestran mayor equidad con índices inferiores a 0.49.

Las mujeres y la población indígena y afrodescendiente son los grupos más afectados por la desigualdad. Las mujeres de la región reciben un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y acarrean con una doble carga laboral. Por su parte, el doble de la población indígena y afrodescendiente vive con 1$ por día, en promedio, respecto a la población eurodescendiente.

El informe elaborado por PNUD presenta también una novedosa medición que muestra cómo la desigualdad impacta al desarrollo humano. Según esta estimación, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países de la región disminuiría, en promedio, entre 6% y 19% si se corrigiera atendiendo a la desigualdad.

Es posible romper el círculo vicioso

Sí es posible romper el círculo vicioso de la desigualdad en América Latina y el Caribe, pero para logarlo es preciso ir más allá de las intervenciones para reducir la pobreza y formular e implementar políticas públicas enfocadas a reducir la desigualdad. La desigualdad debe combatirse por sí misma, como objetivo de política explícito, reforzando los instrumentos de las acciones públicas que podrían reducirla y como complemento a una política de protección social y de provisión de servicios de calidad con componentes universales.

El informe propone una nueva política integral y específica que se asienta en tres pilares. Las estrategias de redistribución deben llegar a aquellos para quienes fueron diseñadas (alcance), deben considerar no solamente una restricción a la vez, sino tomar en cuenta que las restricciones que enfrentan los hogares son múltiples y en ocasiones se refuerzan unas con otras (amplitud). Además, los objetivos de la política pública deben incorporarse en el imaginario de los beneficiarios, quienes deben ser sujetos activos de su propio desarrollo (apropiación).

Diseño de políticas para combatir la injusticia

El Informe de PNUD muestra que existen mecanismos en los hogares como en el sistema político que refuerzan la reproducción de la desigualdad. Entender de manera más clara estos mecanismos permitirá diseñar políticas que superen el combate a la pobreza y reduzcan con mayor efectividad la desigualdad en la región.

El estudio muestra que existen factores objetivos, como el acceso a bienes y servicios y a mercados, y aspectos subjetivos como la formación de aspiraciones y la autonomía, que juegan un papel importante en la reproducción de la desigualdad. También el nivel de ingresos o educativo, entre otros factores, está detrás de la reproducción de situaciones de desigualdad en desarrollo humano.

En el plano político, Actuar sobre el futuro: Romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad muestra cómo una serie de factores sistémicos, como la baja calidad de la representación política, la debilidad institucional, la escasa participación ciudadana, o la corrupción y la captura del Estado, propician que la dinámica política refuerce, en vez de compensar, la reproducción de la desigualdad.

LA IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL: HILLARY CLINTON

14 julio 2010

Discurso de la secretaria Clinton sobre importancia de la sociedad civil

Habló en Cracovia durante una reunión de la Comunidad de Democracias

A continuación la traducción de fragmentos del discurso pronunciado por la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton el 3 de julio en Cracovia (Polonia), en el marco de una reunión de la Comunidad de Democracias:

(comienza la transcripción)

Departamento de Estado de Estados Unidos
Oficina del Portavoz
3 de julio de 2010

Declaraciones de la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton

“La sociedad civil: Apoyo a la democracia en el siglo XXI", en la Comunidad de Democracias
3 de julio de 2010
Teatro Slowacki
Cracovia, Polonia

SECRETARIA CLINTON: Estoy encantada de estar aquí junto a todos ustedes. Quiero agradecer a mi amigo, el ministro de Relaciones Exteriores Sikorski por recibirnos aquí, en este entorno absolutamente magnífico, y por el excelente discurso en el que resumió tan bien lo que debe ser la agenda para nosotros, los miembros de la Comunidad de Democracias.

La idea de aunar a los países libres con la finalidad de fortalecer las normas e instituciones democráticas se generó como una iniciativa conjunta entre uno de los predecesores de Radek y uno de los míos: el ministro Geremek y Madeleine Albright. Y hace diez años que fueron los visionarios. Al principio fue inicialmente una empresa conjunta estadounidense-polaca. Y no se me ocurre mejor lugar donde celebrar la ocasión que aquí en Cracovia. Gracias Madeleine, y gracias al recuerdo del ministro Geremek.

(Aplausos).

Me parece que ya escucharon al ministro de Relaciones Exteriores Sikorski enumerar algunas de las razones por las que Polonia es un ejemplo de lo que las democracias pueden lograr. Tras cuatro décadas de privaciones, estancamiento y miedo bajo el comunismo, la libertad amaneció. Y no solamente fueron las libertades personales las que el pueblo pudo otra vez recuperar, sino que el PIB per cápita de Polonia es actualmente nueve veces mayor de lo que era en 1990. Y en medio de una recesión global profunda la economía de Polonia sigue creciendo.

Se mire por donde se mire, Polonia es también más fuerte políticamente. En abril todos nos dolimos de la desgracia que sufrió Polonia cuando un accidente de avión le costó la vida al presidente polaco, a la primera dama y a muchos otros funcionarios del Gobierno. Fue una de las pérdidas más grandes de líderes que jamás haya sufrido un país en la historia moderna. Pero es un reconocimiento a la evolución política de Polonia que, luego del accidente, las instituciones del país nunca fallaron. Y los comicios que se celebrarán mañana seguirán adelante para elegir a un nuevo presidente por medio de elecciones libres y justas.

Ahora bien, yo sostendría que este progreso no fue ni fortuito ni inevitable. Fue consecuencia de la labor de toda una generación para mejorar la gobernabilidad, hacer crecer al sector privado y fortalecer la sociedad civil. Esos tres elementos esenciales de un país libre –gobierno representativo, mercados que funcionen bien y sociedad civil– funcionan como las tres patas de un taburete. Levantan y sostienen a los países en su búsqueda de normas más altas de progreso y prosperidad.

También, quiero ser la primera en admitir que ninguna democracia es perfecta. De hecho, nuestros fundadores fueron lo suficientemente inteligentes como para consagrar en nuestros documentos básicos la idea de que tenemos que seguir avanzando hacia una unión más perfecta. Porque, después de todo, las democracias recurren a la sabiduría y el criterio de seres humanos imperfectos. Pero las democracias reales reconocen la necesidad de cada uno de los elementos del taburete de tres patas. Y las democracias que fortalecen esos tres sectores de la sociedad pueden ofrecer resultados extraordinarios para sus pueblos.

Hoy me gustaría enfocarme en una de las patas del taburete: la sociedad civil. Los mercados y la política suelen recibir mayor atención, pero la sociedad civil es igual de importante y afianza la gobernabilidad democrática y la prosperidad generalizada. De hecho, Polonia es un ejemplo de cómo una sociedad civil dinámica puede producir progreso. Los héroes del movimiento Solidaridad, personas como Geremek, Lech Walesa y Adam Michnik, y millones de otros, sentaron las bases de la Polonia actual. Ellos sabían lo que el pueblo polaco quería y se merecía más de su país, y transformaron ese conocimiento en uno de los movimientos más grandes de la historia, en favor de un cambio positivo.

Eso sí, no todos los países tienen movimientos de la sociedad civil en la escala de Solidaridad. Pero la mayoría tiene un colectivo de activistas, organizaciones, congregaciones, escritores y periodistas que trabajan por medios pacíficos para alentar a que los gobiernos tengan mejor desempeño, a que mejoren en favor del pueblo. No todas esas organizaciones, o personas, son igual de eficaces, por supuesto. Y representan una amplia gama de opiniones. Habiendo estado tanto en una ONG y dirigido ONG, como estado en el gobierno, yo sé que a veces es difícil tratar con una ONG cuando se está en el gobierno.

Pero no importa si el objetivo son mejores leyes o menos delitos, o aire más limpio, o justicia social o protección al consumidor, o empresariado e innovación, las sociedades se movilizan cuando los ciudadanos que conforman estos grupos están facultados para transformar los intereses comunes en acciones comunes que sirvan al bien público.

Reunidos aquí en la víspera del festivo del Cuatro de Julio en Estados Unidos, fecha en que conmemoramos nuestra independencia, quiero comentar por qué el tema de la sociedad civil es tan importante para los estadounidenses. Nuestra independencia fue producto de nuestra sociedad civil. Nuestra sociedad civil fue pre-política. Y fue solamente gracias al debate, la discusión y el activismo cívico que los Estados Unidos de América pudieron llegar a ser. Nosotros éramos un pueblo antes de ser nación. La sociedad civil no solo ayudó a crear nuestro país, sino que también ayudó a sostenerlo e impulsarlo hacia el futuro. Representantes de la sociedad civil fueron los primeros en reconocer que las colonias estadounidenses no podían seguir sin un  gobierno democrático. Y después de ganar nuestra independencia fueron los activistas quienes ayudaron a instalar nuestra democracia. Reconocieron rápidamente que eran parte de una lucha más amplia en favor de los derechos humanos, la dignidad humana, el progreso humano.

La sociedad civil ha desempeñado un papel esencial a la hora de identificar y erradicar las injusticias que a lo largo de nuestra historia han distanciado a nuestro país de los principios sobre los que fue fundado. Fue la sociedad civil, a fin de cuentas, la que nos dio a los abolicionistas que lucharon con las maldades de la esclavitud, a las sufragistas que hicieron campaña por los derechos de la mujer, a los caminantes de la libertad que exigían la igualdad racial, a los sindicatos que defendieron los derechos del trabajador, a los ecologistas que ayudaron a proteger nuestro planeta y clima.

Yo comencé mi vida profesional en el sector de la sociedad civil. La ONG para la que trabajé, el Fondo de Defensa de la Niñez, se dedicaba a ampliar las oportunidades educativas para niños pobres y niños con discapacidades, y a resolver los desafíos que encaraban los jóvenes en la cárcel.

Eso sí, yo sería la primera en decir que nuestra labor no transformó nuestro país ni rehízo nuestro gobierno de la noche a la mañana. Pero cuando esa clase de activismo se multiplica a lo ancho de un país con el trabajo de cientos, incluso miles de ONG, el resultado es un cambio real, duradero y positivo. Por ello, el compromiso con fortalecer la sociedad civil ha sido una de las constantes de mi carrera pública como primera dama, senadora y ahora secretaria de Estado. Pude trabajar con ONG de Eslovaquia que se plantaron y ayudaron finalmente a derrocar un gobierno autoritario. He visto a organizaciones de la sociedad civil en la India ofrecer el beneficio del facultamiento económico a las mujeres más marginalizadas de esa sociedad. He visto maravillada cómo un pequeño grupo de mujeres activistas de Sudáfrica comenzó con nada y luego siguió hasta construir una comunidad de 50.000 viviendas.

El presidente Obama comparte este compromiso. En su caso, eso lo llevó a convertirse en organizador comunitario en Chicago. Los dos nos sumamos al trabajo de la sociedad civil porque creemos que cuando los ciudadanos orientan a sus líderes en la dirección correcta, nuestro país se hace más fuerte. La grandeza de Estados Unidos depende de nuestra voluntad para buscar y corregir los aspectos en los que tenemos dificultades. Para nosotros, y para cualquier país, la sociedad civil es fundamental para el progreso político y económico. Incluso en los entornos más difíciles, la sociedad civil puede contribuir a mejorar la vida y conferir poder a los ciudadanos.

De hecho, quiero reconocer la presencia de dos mujeres activistas de Afganistán e Irán que se encuentran hoy aquí con nosotros. […] Me gustaría darles las gracias a las dos por su valor y disposición a estar aquí hoy.

(Aplausos).

Bien, pues para nosotros puede que sea muy agradable, pero quizás no esencial, el hecho de tener aquí a solo una mujer de cada país. Pero desde el punto de vista de mi experiencia personal, así como la sociedad civil es esencial para la democracia, las mujeres son también esenciales para la sociedad civil. Y estas mujeres hablan en nombre de muchas que no han tenido la oportunidad de hacer escuchar sus voces.

Por tanto, además de mercados en buen funcionamiento y gobiernos responsables que rindan cuentas, el progreso en el siglo XXI depende de la habilidad de las personas de aunarse en torno a objetivos compartidos y de aprovechar la fuerza de sus convicciones. Pero cuando los gobiernos arremeten contra el derecho de sus ciudadanos a trabajar en conjunto, como lo han hecho a lo largo de la historia, las sociedades caen en el estancamiento y la decadencia.

Corea del Norte, un país que ni siquiera puede alimentar a su propia población, ha prohibido a toda la sociedad civil. Como dijo Radek, en Cuba y Belarús la sociedad civil opera bajo presiones extremas. El gobierno de Irán le ha dado la espalda a su rica tradición de la sociedad civil, cometiendo abusos de derechos humanos contra muchos activistas y ciudadanos comunes que solo reivindicaban el derecho a ser escuchados.

También hay un amplio grupo de países donde se está cerrando puertas a las organizaciones cívicas. En los últimos seis años, 50 gobiernos han dictaminado nuevas restricciones contra las ONG, y la lista de países en los que la sociedad civil enfrenta resistencia sigue creciendo.

[…]

En el siglo XX, la represión contra la sociedad civil se produjo con frecuencia con el pretexto de la ideología. Desde que terminó el comunismo, la mayoría de los ataques parecen ser motivados por pura política de poder. Pero detrás de estas acciones, se esconde una idea, una noción alternativa de cómo deben estar organizadas las sociedades. Y es una idea que las democracias han de cuestionar. Es la idea de que el pueblo está subordinado a su gobierno, en lugar del gobierno estar subordinado a su pueblo.

Ahora bien, esta idea no impide necesariamente que los ciudadanos establezcan grupos que ayuden a sus comunidades o promuevan su cultura, o aun que apoyen causas políticas. Pero exige que estas organizaciones privadas soliciten la autorización del Estado, y que sirvan los intereses más amplios de los Estados y sus dirigentes.

Piensen por un momento acerca de los activistas de la sociedad civil en todo el mundo que en fechas recientes han sido acosados, censurados, excluidos de todo acceso a la financiación, detenidos, procesados judicialmente y hasta asesinados. ¿Por qué provocaron semejante persecución?

Algunos de ellos no participaban de ninguna manera en actividades políticas. Algunos  no estaban tratando de cambiar la manera en que sus países eran gobernados. La mayoría sencillamente llevaba ayuda a las personas necesitadas, como los activistas birmanos encarcelados por organizar ayuda para las víctimas de ciclón Nargis. Algunos de ellos exponían problemas como la corrupción que sus propios gobiernos aducen que quieren exterminar. Su ofensa no fue sólo lo que hicieron, sino el hecho de que lo hicieron independientemente de su gobierno. Hacían lo que nosotros llamaríamos buenas obras, pero lo hacían sin permiso. Esa negativa a permitir que la gente tenga la oportunidad de organizarse a favor de una causa mayor que ellos mismos, pero separadamente del Estado, representa un asalto a uno de nuestros valores democráticos fundamentales.

La idea del pluralismo es integral para nuestra comprensión de lo que significa ser una democracia. Las democracias reconocen que ninguna entidad –ningún Estado, ningún partido político, ningún líder– jamás tendrá todas las respuestas a los desafíos que afrontamos. Y, dependiendo de sus circunstancias y tradiciones, las personas necesitan la autonomía para elegir sus propias soluciones y trabajar en pro de las mismas. Nuestras democracias no son ni deben parecer iguales. Los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo reflejarán el pueblo que representan. Pero todos reconocemos la realidad y la importancia de estas diferencias. El pluralismo emana de estas diferencias. Y puesto que la represión contra las ONG es una amenaza directa al pluralismo, también es un peligro para la democracia.

Hace más de 60 años, Winston Churchill vino a Estados Unidos para advertir a las democracias del mundo que un telón de acero estaba descendiendo sobre Europa. Hoy, afortunadamente, gracias a algunos de ustedes que están en este salón, ese telón de acero ha caído. Pero debemos estar atentos a la mano de hierro con la que muchos gobiernos del mundo oprimen lentamente a la sociedad civil y al espíritu humano.

Hoy, al reunirnos como una comunidad de democracias, es nuestra responsabilidad abordar esta crisis. Algunos de los países que participan en estas conductas todavía alegan ser democracias porque tienen elecciones. Pero, como dije antes, la democracia requiere mucho más que elecciones. Tiene que ser un compromiso, los 365 días del año, por parte del gobierno y de los ciudadanos, de respetar los valores fundamentales de la democracia y aceptar las responsabilidades del auto gobierno.

Las democracias no le temen a su propio pueblo. Reconocen que los ciudadanos deben tener la libertad de reunirse para defender y debatir una causa, de recordarles a quienes se les ha confiado el gobierno que derivan su autoridad de los gobernados. Las restricciones de estos derechos sólo demuestran el miedo de los gobernantes ilegítimos, la cobardía de los que niegan a sus ciudadanos las protecciones que se merecen. Un ataque al activismo cívico y la sociedad civil es un ataque a la democracia

Ahora bien, a veces pienso que los líderes que realizan estos actos creen sinceramente que actúan por los mejores intereses de su país. Pero comienzan a exagerar sus propios intereses políticos, los intereses de ese país, y comienzan a creer que deben permanecer en el poder por cualquier medio que sea necesario, porque sólo ellos pueden proteger su país de todo peligro.

Parte de lo que se necesita para ser una democracia verdadera es comprender que el poder político tiene que transferirse y que, a pesar de la intensidad de las elecciones, una vez que las elecciones se han efectuado, quienquiera que haya sido elegido justa y libremente debe tratar de unificar el país, a pesar de la división política.

Yo sostuve una campaña electoral difícil contra el presidente Obama. Me esforcé mucho para ganarle, pero no lo logré. Cuando el ganó, para mi gran sorpresa, me pidió que fuera parte de su administración para servir como secretaria [de Estado]. Pues en muchos países, cuando empecé a realizar mis viajes, me informaron que esto era motivo de gran curiosidad. ¿Cómo podía trabajar con alguien a quien yo había tratado de privarlo del cargo que desempeña actualmente? Pero la respuesta para mí y para el presidente Obama fue muy sencilla. Ambos amamos a nuestro país. La política es un elemento importante de la vida de una democracia, pero gobernar y cambiar para mejor la vida de las personas es por lo que uno se postula como candidato.

En la Comunidad de Democracias tenemos que empezar a plantear preguntas difíciles, acerca de si los países que siguen el ejemplo de los estados autoritarios y participan en este asalto a la sociedad civil realmente pueden llamarse a sí mismos democracias. Para abordar este desafío, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos democráticos tiene que aunar fuerzas en torno a varios objetivos comunes. La Comunidad de Democracias ya aglutina a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, algunos de los cuales están representados aquí, y es el ente idóneo para dirigir estos esfuerzos. Sé que el Grupo de trabajo de la Comunidad de Democracias para facultar y proteger a la sociedad civil ya está intentando convertir esta idea en realidad. Estados Unidos promete colaborar con esta comunidad para desarrollar iniciativas que apoyen a la sociedad civil y fortalezcan los gobiernos comprometidos con la democracia.

Con el liderazgo y el apoyo de países como Lituania, Polonia, Canadá y Mongolia, yo creo que el vigésimo aniversario de la Comunidad podría ser una celebración de la fuerza expansiva de la sociedad civil y de la verdadera institucionalización de los hábitos del corazón que dan apoyo a la democracia. Para hacer que eso ocurra, creo que nuestros esfuerzos conjuntos deben incluir, por lo menos, cuatro elementos. Primero, la Comunidad de Democracias, como Radek recomendó, ha de intentar establecer un mecanismo objetivo e independiente para vigilar las medidas represivas contra las ONG.

Segundo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe hacer más para proteger a la sociedad civil. La libertad de asociación es la única libertad definida en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que no recibe atención específica de la maquinaria de derechos humanos de la ONU. Eso debe cambiar.

Tercero, trabajaremos con organizaciones regionales y otras organizaciones como la OEA, la UE, la OIC, la Unión Africana, la Liga Árabe y otras, para hacer más para defender la libertad de asociación. Muchos de estos grupos ya están comprometidos, en teoría, a defender estos principios democráticos. Pero necesitamos asegurarnos de que las acciones acompañen a las palabras.

Cuarto, debemos coordinar nuestra presión diplomática. Sé que el grupo de trabajo de la Comunidad de Democracias está centrado en desarrollar un mecanismo de respuesta rápida para tratar con situaciones en las que la libertad de asociación se ve atacada. Pues bien, esto tiene que ocurrir lo antes posible. Cuando una ONG se ve amenazada, debemos proporcionar la protección que podamos y servir de altavoz para las voces de los activistas reuniéndonos con ellos públicamente en nuestro país y en el extranjero, y citando su trabajo en lo que decimos y hacemos. También podemos ofrecer formación técnica que ayude a los activistas a utilizar las nuevas tecnologías, como por ejemplo las redes sociales. Asimismo, cuando sea posible, debemos trabajar juntos para proporcionar a las organizaciones que se lo merezcan el apoyo financiero para sus esfuerzos.

Ahora bien, existen algunos conceptos equivocados respecto a este asunto y me gustaría mencionarlos. En Estados Unidos, al igual que en muchas otras democracias, es legal y aceptable que las organizaciones privadas recauden fondos en el extranjero y reciban subvenciones de gobiernos extranjeros, siempre y cuando las actividades realizadas no impliquen a fuentes específicamente prohibidas, como por ejemplo grupos terroristas. Las organizaciones cívicas de nuestro país no necesitan la autorización del gobierno de Estados Unidos para recibir fondos extranjeros. Y hay ONG extranjeras que realizan operaciones en Estados Unidos. Acogemos a estos grupos porque consideramos que fortalecen a nuestro país y profundizan las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y es en ese mismo espíritu que Estados Unidos proporciona fondos a organizaciones de la sociedad civil extranjeras que llevan a cabo iniciativas importantes en sus propios países. Continuaremos esta práctica, y nos gustaría hacer más en colaboración con otras democracias.

En el marco de ese compromiso, anuncio hoy la creación de un nuevo fondo para apoyar el trabajo de las ONG que se ven acosadas. Esperamos que este fondo se utilice para proporcionar representación letrada, tecnologías de la comunicación, como teléfonos móviles y acceso a Internet, y otras modalidades de apoyo rápido a ONG que se vean asediadas. Estados Unidos contribuirá dos millones de dólares a este fondo y acogemos de buen grado la participación y contribuciones de países con formas de pensar similares, así como de organizaciones privadas sin fines de lucro.

La persecución de los activistas y organizaciones de la sociedad civil, ya estén luchando por la justicia y la ley, o el gobierno transparente y honesto, o la salud pública, o un medioambiente sano, o verdaderas elecciones, no es solamente un ataque contra personas que admiramos, sino que es un ataque contra nuestros propios valores fundamentales. Por tanto, cuando defendemos a estas magníficas personas, estamos defendiendo una idea que ha sido y continuará siendo esencial para el éxito de toda democracia. Por lo tanto lo que está en juego es muy importante para nosotros, no sólo para ellos.

Para Estados Unidos, el apoyo que damos a los grupos de la sociedad civil es una parte esencial de nuestra labor dirigida a hacer avanzar la democracia. Pero no es lo único. Nuestra estrategia de seguridad nacional reitera que los valores democráticos son una piedra angular de nuestra política exterior. Con el tiempo, como ha dicho el presidente Obama, los valores estadounidenses han sido nuestro activo más importante en materia de seguridad nacional. Destaqué este punto en diciembre y enero, cuando pronuncié discursos sobre derechos humanos y la libertad en Internet; y lo utilizo como principio rector en todas las reuniones que celebro en todos los países que visito.

Mi viaje actual es buen ejemplo de ello. Acabo de volver de Ucrania, donde he tenido la oportunidad no solo de reunirme con el ministro de Asuntos Exteriores y el Presidente, sino también con un grupo maravilloso de jóvenes y brillantes estudiantes ucranianos, con los que hablé de la importancia de la libertad para los medios, la importancia de la libertad de reunión y de los derechos humanos. Esta noche partiré para Azerbaiyán, donde me reuniré con jóvenes activistas para hablar de la libertad en Internet y para sacar a colación el asunto de dos blogueros que están encarcelados, y para hablar de las libertades civiles. Desde allí, me desplazaré a Armenia y Georgia, en donde plantearé de manera similar estos asuntos y me sentaré con líderes de grupos de mujeres y otras ONG. Esto es lo que todos tenemos que hacer, día tras día, en todo el mundo.

Por lo tanto, permítanme que me refiera de nuevo a ese taburete de tres patas. La sociedad civil es importante en sí misma, pero también ayuda a sostener y estabilizar las demás patas del taburete: el gobierno y los mercados. Sin el trabajo de los activistas y el discurso político pluralista, los gobiernos se debilitan y pueden incluso caer; y sin defensores del consumidor, sindicatos y organizaciones sociales que se preocupen de las necesidades de los miembros más débiles de la sociedad, los mercados pueden desbocarse y no generar una prosperidad de amplia base.

Nosotros consideramos que estas tres patas del taburete son fundamentales para el progreso en el siglo XXI, por tanto continuaremos llamando la atención respecto a los temas de la democracia y los derechos humanos a los niveles más altos en nuestros contactos con gobiernos extranjeros, y continuaremos fomentando la apertura económica y la competencia como medios de diseminar la prosperidad de amplia base y apuntalar a gobiernos representativos que saben que tienen que presentar resultados para la democracia.

Sin embargo, también consideramos que los principios que nos han traído hasta aquí representan la esperanza más prometedora de la humanidad para un futuro mejor. Como dijo el ministro de Asuntos Exteriores Geremek en su invitación a la reunión de inauguración de la Comunidad de Democracias hace diez años: “Independientemente de los problemas relacionados de forma inseparable con la democracia, es el sistema que mejor satisface las aspiraciones de personas, sociedades y pueblos enteros y que más plenamente satisface sus necesidades de desarrollo, potenciación y creatividad”.

Por tanto, en última instancia, nuestro trabajo en estos asuntos tiene que ver con el tipo de futuro que deseamos legar a nuestros hijos y nietos. Y cualquiera que dude al respecto debería mirar a Polonia. El mundo en que vivimos es más abierto, más seguro y más próspero gracias a figuras como Lech Walesa, Adam Michnik y otros que trabajaron en el movimiento Solidaridad para mejorar las condiciones en su propio país, y que defendieron la libertad y la democracia.

Con frecuencia pienso en el papel de los periodistas. Los periodistas están sometidos a tremendas presiones, pero periodistas como Jerse Tarovich, hijo de Cracovia, hizo preguntas provocadoras que desafiaron a Polonia a mejorar. Y el Papa Juan Pablo II que, como Stalin habría destacado, no tenía batallones, defendió la autoridad moral con la misma fuerza que un ejército. Todos hemos heredado este legado de valor. Ahora depende de nosotros.

Cada Cuatro de Julio los estadounidenses afirman su convicción de que todos los seres humanos están creados iguales, que nuestro creador nos otorgó derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hoy como comunidad de democracias hagamos nuestra misión la garantía de esos derechos. Le debemos a nuestros antecesores y a las generaciones venideras el continuar luchando por estos ideales.

Muchísimas gracias.

(Aplausos).

(termina la transcripción)